Por: Juan Antonio Boyd

La promulgación de la Ley 415 de 2023 en Panamá marca un avance significativo en cuanto a los remates judiciales, dado que incluye nuevas disposiciones que tienen como objetivo mejorar la transparencia y garantizar la protección de los derechos de los deudores y acreedores. Esta nueva ley, que modifica varios artículos del Código Judicial, establece normas que afectan el desarrollo de los remates de bienes inmuebles, muebles, aeronaves y otros activos, con implicaciones tanto para el sistema judicial como para las partes involucradas en estos procedimientos.

Principales cambios:

1. Avalúo obligatorio: Uno de los principales cambios introducidos por la Ley 415 de 2023 es la exigencia de un avalúo profesional para los bienes a rematar. La ley establece que este avalúo debe ser realizado por un profesional idóneo, quien determinará el valor de mercado o comercial del bien. Este requisito sustituye el criterio aún vigente en el Código Judicial, que permitía basar el remate en la suma fijada por las partes en la escritura de hipoteca, generalmente equivalente al saldo adeudado y declarado por el acreedor al iniciar el proceso ejecutivo. En caso de que no se hubiera fijado un valor en la escritura de hipoteca, se recurriría al valor catastral del bien. Con esta nueva normativa, el ejecutante debe presentar el avalúo ante el tribunal antes del remate, y el deudor también tendrá la posibilidad de presentar su propio avalúo.

2. Mayor protección para el deudor: Esta nueva ley otorga al deudor un derecho adicional de protección al permitirle presentar su propio avalúo, lo que puede considerarse un proceso más justo, ya que el juez podrá comparar ambos avalúos (el del ejecutante y el del deudor) y fijar el valor del remate basándose en el promedio de ambos. De esta manera se evitaría que los bienes sean subastados a precios subestimados, lo que anteriormente podía resultar en una ejecución injusta.

3. Eliminación del valor catastral: La Ley 415 introduce la obligación de usar el valor comercial, lo que garantiza que los bienes se rematen a precios más justos, y que cualquier excedente entre el monto de la deuda y el valor del bien rematado sea devuelto al deudor.

Consecuencias y retos para los acreedores

Si bien la Ley 415 tiene como objetivo hacer el proceso más equitativo para los deudores, también impone ciertos retos para los acreedores, entre ellos mencionamos que dado que ahora deben cumplir con los requisitos adicionales de presentación de avalúos, esto podría incrementar los costos y dilatar los tiempos de ejecución de los bienes. Por otro lado, si el valor del bien supera el monto de la deuda, la entidad acreedora solo podrá recibir la cantidad adeudada, y cualquier excedente deberá ser reembolsado al deudor, lo que podría reducir los incentivos para el acreedor en algunos casos.

Implicaciones para el Sistema Judicial

El nuevo procedimiento de tasación o avalúo puede impactar en la celeridad del proceso de ejecución judicial, haciéndolo más lento, al requerir más tiempo y recursos tanto para las partes como para el tribunal. Lo anterior se puede traducir en la generación de una mayor carga procesal, afectando la agilidad con que se gestionan los remates.

Perspectivas a futuro

La entrada en vigor de la Ley 415 coincide con las disposiciones del nuevo Código Procesal Civil, que entrará en vigencia en 2025. Este código introducirá otros cambios importantes en los procedimientos judiciales, incluyendo nuevas reglas para la publicación de avisos de remate y la obligatoriedad de consignar un porcentaje del valor del bien para participar como postor en el remate. Dichos cambios prometen modernizar aún más el sistema judicial panameño, con un enfoque en la transparencia y la equidad.

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